El Gobierno advierte que la caída de recursos federales puede complicar la negociación paritaria de febrero

La administración provincial de Tucumán encendió las alarmas respecto a la viabilidad de los próximos acuerdos salariales con los gremios estatales. En un contexto de recesión nacional que golpeó con dureza la recaudación local, el ministro de Economía, Daniel Abad, anticipó que las reuniones paritarias previstas para fines de febrero se desarrollarán bajo un marco de extrema austeridad. Según el funcionario, la provincia enfrenta una pérdida patrimonial significativa producto de la caída de la actividad económica, lo que erosionó la capacidad de maniobra financiera que el Ejecutivo había planificado mediante el uso de recursos de emergencia.

En declaraciones a Tendencia de Noticias, Abad detalló la magnitud de la crisis recaudatoria que afectó al cierre del año pasado. “Hoy está todo muy complicado, en el último trimestre del año pasado las provincias perdieron 500.000 millones de pesos de recaudación por caída de la actividad económica. Es decir, las más perjudicadas fueron Córdoba, Santa Fe, mientras que a Tucumán le costó octubre, noviembre, diciembre no recaudar 24.000 millones de pesos”, sentenció el ministro. Esta merma se explica por la naturaleza de los ingresos provinciales, que dependen directamente del mercado interno: “Tucumán vive del consumo y si cae el consumo, cae el IVA y cae Ingreso Brutos, que son las dos principales fuentes de ingreso que tiene la provincia”.

Ante este panorama, el funcionario reconoció que el resguardo financiero dispuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo tiene un límite próximo. “Nosotros hicimos un fondo anticíclico porque con las medidas que se habían tomado ya en el año 2024, nosotros ya preveíamos esta situación. Entonces, tomamos la decisión de que se haga un fondo anticíclico. Bueno, eso se termina, porque si sigue cayendo la recaudación ya no hay plata que alcance”, advirtió con gravedad. No obstante, ratificó el compromiso de dialogar con los sectores docentes y estatales antes del inicio del ciclo lectivo.

El costo del alivio fiscal a la producción

A pesar de la estrechez de recursos, la provincia sostiene una política de fuertes exenciones impositivas para evitar el colapso de sectores clave como el textil. Abad se refirió específicamente al caso de la empresa Santista, señalando que continúan con beneficios de alícuota cero en Ingresos Brutos y Salud Pública. “Tucumán invierte 45 millones de dólares al año, es decir, no tan solo en esto, sino también en la actividad de limón, actividad cañera, parte del comercio, muchos servicios que tienen esta alícuota cero. El gasto tributario previsto para este año 2026 es de 45 millones de dólares que la provincia deja de recaudar justamente para aliviar a las distintas actividades”, explicó el ministro para diferenciar la presión fiscal teórica de la real.

Para el titular de la cartera económica, este es un "aporte que hace la provincia no cobrándole impuesto a este tipo de actividades", permitiendo que empresas que enfrentan realidades complejas puedan mantener su operatividad en el territorio tucumano.

Hilanderías radicadas en Tucumán recibirán exenciones impositivas para paliar la crisis textil.

Para intentar mitigar la caída de ingresos federales, desde la gestión jaldista se inició una agresiva campaña de cobro dirigida a sectores de alta capacidad contributiva que registran deudas millonarias. Mediante investigaciones de la Dirección General de Rentas, se detectaron irregularidades en urbanizaciones privadas y vehículos de lujo.

“Es una investigación que ha venido haciendo Rentas de estos varios barrios cerrados y de algunos clubes donde nos dábamos con la sorpresa de que no pagaban el impuesto inmobiliario y muchos con autos de alta gama que tampoco pagan el impuesto patente”, denunció Abad. El ministro fue categórico al solicitar que estos contribuyentes regularicen su situación: “Que se acerquen y paguen, es mucha plata. Nos están debiendo, al día de hoy actualizado, casi 8.000 millones de pesos”. La advertencia final del funcionario fue clara, sugiriendo la proximidad de acciones judiciales para quienes no se acojan a las formas de pago ofrecidas.